El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, inició una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito en toda Colombia por posibles fallas en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.
De acuerdo con las autoridades, las actuaciones preliminares evidenciaron incumplimientos en requisitos técnicos exigidos por la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718, especialmente en lo relacionado con la ausencia del concepto de desempeño emitido por el Instituto Nacional de Metrología, documento clave para validar la confiabilidad de estos sistemas.
El análisis permitió identificar tres situaciones recurrentes: 12 entidades habrían puesto en marcha estos sistemas sin contar con el concepto técnico; otras 7 operaron con certificaciones expedidas a terceros; y 18 más obtuvieron dicho aval después de iniciar la operación.
Entre los organismos bajo investigación figuran autoridades de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena y Bucaramanga, así como municipios como Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario.
Según la Superintendencia, estas entidades impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas de fotodetección. De ese total, cerca de 1,58 millones ya fueron pagados, lo que representa recaudos superiores a $1,05 billones.
Si se confirman las irregularidades, las autoridades involucradas podrían verse obligadas a devolver esos recursos y asumir sanciones que duplicarían el monto recaudado, superando los $2,1 billones.
Foto. Alcaldía de Bogotá
Las cifras más altas de comparendos detectados en la investigación se concentran en Cali, con 2,7 millones; Medellín, con más de 717.000; Bogotá, con cerca de 294.000; y Barranquilla, con más de 131.000.
En forma paralela, más de 5,8 millones de comparendos que aún no han sido pagados quedarían sin efecto y tendrían que ser revocados de oficio, lo que podría beneficiar a más de 1,4 millones de ciudadanos.
La ministra de transporte, Mafe Rojas, aseguró que “el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra.
En igual sentido, el superintendente de transporte, Alfredo Piñeros, indicó que el objetivo es reforzar la confianza ciudadana y asegurar que estos sistemas operen bajo los estándares técnicos y jurídicos vigentes.
Las autoridades reiteraron que continuarán con las acciones necesarias para garantizar que los sistemas de fotodetección en el país funcionen con total transparencia y en cumplimiento de la normativa.
