El Ministerio de Transporte anunció una revisión integral del funcionamiento de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de presuntas infracciones que funcionan en el país. El proceso se realizará en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Superintendencia de Transporte y otras autoridades competentes.
La decisión fue tomada por instrucción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ante la necesidad de verificar que estos sistemas estén instalados y operen bajo criterios técnicos y legales relacionados con la seguridad vial. La revisión también busca identificar posibles irregularidades, abusos o incumplimientos con las llamadas fotomultas.
La medida se toma después de la controversia que surgió por la instalación de tres nuevas cámaras de velocidad en la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena.
El Ministerio de Transporte señaló que las autoridades deberán comprobar que las cámaras cuenten con las respectivas autorizaciones y con un soporte técnico y legal. Entre los aspectos que serán considerados están los índices de siniestralidad, los límites de velocidad, la señalización y las condiciones particulares de cada corredor vial.
La evaluación no se limitará a los sistemas que actualmente están en funcionamiento. El Gobierno también evaluará la regulación vigente con el propósito de establecer requisitos más exigentes para la autorización de nuevas cámaras.
De acuerdo con el ministerio, estos dispositivos deberían responder a necesidades reales de seguridad vial, sustentadas técnicamente. Para reducir los riesgos en las vías, la entidad plantea complementar las labores de control con medidas de ingeniería, señalización y pedagogía, como complemento de la detección electrónica.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, sostuvo que el propósito de la revisión es garantizar que las herramientas de detección electrónica estén orientadas a prevenir siniestros y proteger a los usuarios de las vías, y no a convertirse en mecanismos de recaudo.
El Gobierno indicó que, cuando se encuentren irregularidades o incumplimientos, las autoridades actuarán dentro de sus respectivas competencias. La revisión abarcará tanto los sistemas que operan actualmente en el país como las reglas que definirán la instalación de nuevas cámaras.
