El Concejo de Bogotá adelanta el segundo debate de los proyectos de Acuerdo 724 y 709 de 2026, que contempla un aumento en la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para varias actividades relacionadas con el sector automotor. La propuesta encendió las alertas de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), que advierte sobre sus posibles efectos en la rentabilidad y permanencia de los negocios en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento analizado, la tarifa para la comercialización de vehículos pasaría de 6,9 a 11 por mil, según el tipo de automotor. El ajuste tendría tarifas diferenciadas de 8 por mil para los vehículos eléctricos, 10 por mil para los híbridos y 11 por mil para los modelos de combustión, según el documento presentado.
Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, señala que el incremento podría encarecer la operación de los concesionarios y aumentar el incentivo para vender y matricular vehículos fuera de Bogotá. Según el gremio, esto también afectaría la renovación del parque automotor y, eventualmente, el recaudo del Distrito.
Uno de los puntos que preocupa al sector es que el ICA se calcula sobre los ingresos de la actividad y no sobre la utilidad. Además, en la comercialización de vehículos el impuesto incide tanto en la operación del importador hacia el concesionario como en la posterior venta al cliente, lo que incrementa la carga sobre la cadena comercial.

Aconauto sostiene que esta situación resulta especialmente sensible en Bogotá, donde los costos de operación son mayores y la competencia con otros municipios es más fuerte. La asociación estima que la utilidad antes de impuestos de un concesionario en Bogotá puede ubicarse entre 1 % y 2 %, mientras que el impuesto de renta tiene una tarifa del 35 % sobre las utilidades.
Con el reajuste planteado, el gremio calcula que el margen podría reducirse a 1,95 % después del impuesto de renta, según el escenario planteado por Aconauto y, en determinados escenarios, quedar por debajo del 1 %. Por ello, los concesionarios solicitan al Concejo no aprobar el incremento para el sector automotor y advierten sobre posibles efectos en el empleo, las ventas, las matrículas y la actividad económica de Bogotá.