El Ministerio de Transporte inició la elaboración del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, iniciativa que pretende actualizar la legislación vigente desde 2002 y adaptarla a las condiciones actuales del país.
De acuerdo con la entidad, la propuesta parte de la necesidad de mantener la protección de la vida y la seguridad vial como prioridades, pero también de revisar el impacto económico que tienen las sanciones y algunos trámites relacionados con el tránsito para los ciudadanos.
Uno de los principales objetivos será revisar el esquema de multas para que las sanciones sean justas y proporcionales a la capacidad de pago de los conductores. El Gobierno considera que una infracción no debería terminar generando una carga económica desproporcionada para las familias.
La reforma también contempla una reducción de los cobros asociados al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT). A esto se suma la intención de ofrecer cursos de conducción a precios más bajos y ampliar la vigencia de las licencias de conducción.
Otro de los aspectos que entrarían en revisión son los plazos relacionados con la revisión técnico-mecánica, con la propuesta de establecer periodos considerados más razonables para los propietarios de vehículos.
El Ministerio de Transporte también plantea simplificar los trámites y eliminar barreras que, según el Gobierno, han generado ineficiencias y costos excesivos para millones de colombianos.
La iniciativa surge por instrucción del presidente de la República y será desarrollada a través de un borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito. Por ahora, el documento divulgado por el Ministerio corresponde al inicio de este proceso y no presenta el texto definitivo de la reforma.
La propuesta parte de una problemática que el Gobierno considera especialmente relevante: los costos que pueden acumularse alrededor de una sanción. Según lo señalado en el anuncio, entre multas, intereses, costos de patios y grúas, una persona podría terminar asumiendo costos superiores a un salario mínimo e incluso exponerse a perder el vehículo utilizado para trabajar.
